Sergio de la Flor Flores

Las prostitutas se encuentran desesperadas por una situación de emergencia sanitaria que amenaza su trabajo, su economía y su vivienda

“Desesperada”, “Trágica”, “Dramática”. Estos son algunos de los calificativos que utilizan desde las principales organizaciones de trabajadoras sexuales para describir la situación en la que se encuentran por la COVID-19. Este colectivo ha perdido la posibilidad de continuar sus actividades y las condiciones de trabajo irregulares complican la obtención de ayudas que ofrece el Gobierno, por lo que muchas prostitutas están teniendo grandes dificultades para hacer frente a los meses de cuarentena.

Según la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), esta situación ha llegado en un momento en el que las prostitutas se encontraban en una situación muy vulnerable. Este colectivo ha arrastrado penalidades desde la llegada de la Ley Mordaza que facilitó la persecución de las trabajadoras sexuales y complicó sus condiciones de trabajo. En este contexto, la mayoría de las trabajadoras no han podido reunir unos ahorros suficientes para poder sustentarse a sí mismas y a las personas que dependan de ellas durante la cuarentena, lo que nos lleva a la situación actual.

Esta falta de ingresos y la acumulación de deudas que conlleva puede resultar aún más perjudicial para estas trabajadoras, pues al no tener un contrato laboral ni un sueldo fijo deben procurar tener una buena relación con el casero en caso de vivir de alquiler. Retrasarse en los pagos no puede desembocar en un desahucio mientras dure el virus debido a las medidas adoptadas por el Gobierno, pero sí puede suponer la pérdida de la confianza del casero.

Un caso muy distinto es el de las trabajadoras de los clubes. La Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), calcula que las prostitutas deben pagar entre 1.500€ y 2.000€ al mes por el derecho a trabajar en el club y vivir en él. Con el cierre obligado de estos locales, muchos de los propietarios han decidido desahuciar a las trabajadoras que vivían en el club como forma de minimizar los costes, dejando a estas mujeres en la calle. Otros propietarios sí han decidido ayudar a sus trabajadoras y mantener su vivienda.

Desde OTRAS critican que la situación de la prostitución sea tan precaria como para necesitar la caridad de los propietarios de los clubes para no perder el trabajo y la casa, y aseguran que debería garantizarse el apoyo a las trabajadoras no como un favor, sino como un derecho. En dicha organización sostienen que la aportación a la economía del trabajo sexual es muy elevada, con una estimación de 100.000 trabajadoras generando riqueza en todo el país, aunque no obtengan justicia social ya que no tienen derecho a ERTE ni a paro.

Muchas de las trabajadoras están sobreviviendo a la pandemia gracias a los repartos de alimentos y a la caridad. Desde las asociaciones denuncian que tienen que vivir “como mendigos” cuando han aportado riqueza al país suficiente como para que les sea devuelta en momentos de necesidad y exigen una legislación que les garantice los derechos laborales.

Desde el Ministerio de Igualdad han impulsado una serie de medidas destinadas a las personas en contexto de prostitución y a las víctimas de trata independientemente de su situación administrativa que incluyen la alternativa habitacional y la posibilidad de acceso al ingreso mínimo vital. Los colectivos de trabajadoras sexuales han celebrado esta ayuda y consideran un “pequeño logro” que se distinga la prostitución de la trata, aunque afean al gobierno no haber consultado con ellos la elaboración de esta medida. También critican la omisión de las mujeres trans en el documento, que representan un número elevado dentro de las trabajadoras sexuales, la falta de especificación sobre las condiciones necesarias para acceder a las ayudas y la tardanza para conseguir que estas se hagan efectivas, pues el estado de alarma se decretó el 14 de marzo y el ingreso mínimo vital se aprobará previsiblemente el próximo viernes 29 de mayo. La Liga Feminista Pro Derechos también remarca la incertidumbre que supone para las trabajadoras sexuales entrar en un sistema que recogerá sus datos personales y temen que, una vez acabada la situación de emergencia, se utilicen esos datos para iniciar procesos de repatriación o para influir en la custodia de los hijos.

Como medio de subsistencia las asociaciones de trabajadoras sexuales han creado un crowdfunding para intentar hacer más ameno el paso por la epidemia de las trabajadoras, aunque afirman que se trata de una solución lenta e insuficiente. Menos de un centenar de personas han podido beneficiarse de esta medida, por lo que no puede considerarse más que un pequeño cojín que amortigua el golpe que ha sufrido el colectivo y la sociedad.

Otro grupo de trabajadoras, aunque pequeño, se ha visto obligado a incumplir el estado de alarma para seguir trabajando, aún a riesgo de su salud. Poner en riesgo su salud de esta forma puede tener consecuencias muy graves para personas que pueden tener un complicado acceso al servicio sanitario y que, además, se sirven de su estado físico para trabajar.

Las trabajadoras sexuales también afrontan con una gran incertidumbre el escenario de la “nueva normalidad”. Desde los colectivos de prostitutas temen enfrentarse a un estigma de higienización que pretenda acusar a las trabajadoras de transmitir el virus como ya ocurrió con el VIH, lo que se sumaría a la inevitable reducción en el número de clientes y convertiría la prostitución como un trabajo aún más precario. Desde OTRAS ya están planeando una mejora de la higiene en las condiciones de trabajo como un protocolo para admitir a los clientes que incluya la toma de la temperatura, fomentar el lavado de manos y la higiene general, así como el control de la temperatura de las trabajadoras. Con estas medidas pretenden garantizar la seguridad en el trabajo sexual, aunque el riesgo que conlleva no respetar los dos metros de distancia no debe ser olvidado.